Una imagen muy habitual en los mercados de abastos es la del carnicero que ante las peticiones de sus clientes ha de cortar un trozo de carne que se corresponda a un cuarto y mitad (de kilogramo). Pues bien, a partir de ahora en el mundo de la Abogacía, y más concretamente la dedicada a la Asistencia al Detenido o Víctima de Violencia de Género en la provincia de Granada, nos encontraremos con el Abogado de Guardia de cuarto, mitad o cuarto y mitad. Tres categorías para una misma prestación: 140’00, 70’00 y 35’00 €. La Junta de Gobierno (el carnicero en el símil que hemos puesto) ha hecho un esfuerzo para satisfacer las exigencias de su cliente (la Junta de Andalucía, siguiendo con el símil) y ha partido el trozo de carne (los Abogados que prestan el servicio de Guardias, concluyendo el símil) tal y como se le ha impuesto.
Dejando aparte las similitudes con la vida cotidiana, y entrando a analizar la comunicación que nos remite la Presidenta de la Comisión de AJG, nos llama la atención lo siguiente:
1º.- Se dice que las modificaciones en el Servicio “responden a los acuerdos consensuados en la Comisión Mixta entre Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Dirección General de Justicia de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la Orden de 13 de noviembre de 2009 que determina el numero de guardias que corresponde realizar en el ejercicio 2009 y los baremos aplicables a la compensación económica”. En primer lugar, se habla de acuerdos consensuados, y habría que pensar que gracias a que son consensuados, porque si no habría que ver que nos hubiesen hecho. En segundo lugar, ¿Quién se cree lo de las modificaciones introducidas por la Orden de 13 de Noviembre de 2009?. Según el principio del derecho de jerarquía normativa, que la Junta de Andalucía se pasa por el forro y que, ahora la Junta de Gobierno pretende ignorar, dicha Orden contraviene de forma clara y evidente el tenor del Reglamento de Justicia Gratuita, aprobado por Decreto 67/2008 de 26 de Febrero. Pero es que además, dicha Orden en su Artículo 2 distinguía hasta tres tipos de percepciones que nada tienen que ver con las que ahora nos imponen. Dicha precepto textualmente dice:
Artículo segundo: El importe a abonar por los servicios de guardia prestados en el ejercicio 2009 se hará por los siguientes módulos:
138,83 euros por servicios de guardia permanente de presencia física.
277,67 euros por servicios de guardia permanente de presencia física con más de 6 actuaciones.
79,33 euros, por servicios de guardia permanente localizable.
Luego la Junta de Gobierno está actuando en contra de lo que la normativa hasta ahora vigente viene estableciendo, incumpliendo incluso la obligación que viene impuesta en el Artículo 36.3º del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía que impone la constitución de Turno de Guardia permanente de 24 horas, tanto para el detenido como para el resto de Turnos específicos. Salvo en el partido judicial de Granada, en el resto faltan los Turnos de Extranjería (menos en Motril) y Menores. Dicho Artículo dispone:
3. Los Colegios de Abogados deberán constituir el turno de guardia permanente de presencia física o localizable de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día para la prestación del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, así como para los turnos específicos que requieran dicha asistencia.
Por tanto las modificaciones responderán a todo lo que quieran menos a las propias exigencias de la normativa vigente.
2º.- Se nos dice que en virtud de esos acuerdos tan fantásticos alcanzados a nuestra provincia se le han asignado 8.395 guardias, suponiendo un incremento económico de 17’53% respecto del año anterior. ¿A quien quieren engañar con esos datos? El año pasado, según las cuentas anuales a aprobar mañana, las percepciones por Asistencias ascendieron a un total de 1.280.886’58 €, mientras que para este año y según las guardias asignadas se cobrarían (140’00 € x 8.395 guardias) 1.175.300’00 €, es decir, 105.586’50 € menos, lo que supone un 9’17% menos que en el año 2009. A lo mejor el éxito que nos quieren transmitir es el de haber pasado de 5.475 guardias para la provincia a 8.395, pero es que tanto lo primero como lo último resulta a todas luces insuficiente para cubrir toda la provincia y todos los turnos especializados.
3º.- ¿Quién va a asistir a los menores fuera del partido judicial de Granada? ¿Quién va a asistir a los extranjeros que sean retenidos fuera de los partidos judiciales de Granada y Motril? Pues lógicamente no podrá asistirlos el Abogado que esté de Guardia general porque no tiene la especialización exigida por el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Tendrá que ir el que esté en Granada a donde le llamen, pongamos por caso Orgiva, Huéscar, Baza, etc…?.
4º.- ¿Por qué las Guardias que hagan los compañeros de Orgiva o Huéscar valen 35’00 € frente a los 140’00 de Granada, Loja o Santa Fe?
Lo peor de todo es la actitud complaciente adoptada por nuestros representantes colegiales, con pleno acatamiento a las exigencias impuestas por la Consejería de Justicia, con vulneraciones clamorosas a la normativa vigente y queriendo dar una imagen totalmente falsa de éxito con cifras maquilladas al más puro estilo de los partidos políticos.
